Los 1.342 millones de euros de fondos complementan las aportaciones de las comunidades autónomas destinadas a políticas activas de empleo.
El Gobierno también ha impulsado el Plan de Racionalización Normativa, que ha identificado 2.700 normas estatales y autonómicas que obstaculizan la unidad de mercado y podrán ser modificadas o derogadas.
El Consejo de Ministros ha acordado la distribución territorial de los fondos correspondientes al ejercicio 2013 para la ejecución de las medidas de las políticas activas de empleo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallado que se distribuirán un total de 1.342 millones de euros con el fin de insertar laboralmente a los desempleados.
De esta cantidad 951,1 se dedica a acciones de formación profesional para el empleo y 361,5 a medidas de fomento que incluyen orientación profesional, fomento de la contratación, acciones para colectivos con especiales dificultades, autoempleo y creación de empresas con medidas para impulsar la economía social, entre otras.
Además se destinarán 30 millones de euros a la modernización de los servicios públicos de empleo.
Sáenz de Santamaría ha destacado como novedad que el sistema empieza a implantar con carácter progresivo mecanismos de evaluación y de orientación a resultados: «Por primera vez, un porcentaje de fondos que será gradual -ha empezado con un 8% y evolucionará hasta el 40%- se reparte en función del cumplimiento de objetivos».
La vicepresidenta ha recordado que el pasado mes de agosto se aprobó el Plan Anual de Políticas de Empleo que recoge los objetivos para 2013, que serán determinantes para la distribución de fondos del ejercicio próximo.
Racionalización normativa
El Gobierno ha acordado el calendario para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa, que acompañará al Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobado el pasado 5 de julio y actualmente en fase de tramitación parlamentaria.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el objetivo es simplificar normas para favorecer la unidad de mercado y eliminar trabas al desarrollo de la actividad económica o empresarial.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado que la Ley de Unidad de Mercado «establece el principio del pasaporte único», que permitirá que las empresas puedan comercializar sus productos o servicios en todo el territorio nacional con una única licencia.
El Plan de Plan de Racionalización Normativa, según el ministro, ha identificado y evaluado 6.500 normas, de 29 sectores económicos, que afectan a la actividad empresarial con el fin de «racionalizar y evitar duplicidades e ir a una normativa más favorable para el funcionamiento de las pymes».
Es un proceso de «limpieza de burocracia» que facilitará «la vida a las empresas».
Luis de Guindos ha concretado que se han contabilizado 2.700 normas – el 30% estatales y el 70% autonómicas – que estarían afectando a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso y/o el ejercicio de las actividades económicas.
El ministro ha explicado que las normas estatales serán derogadas o modificadas y sólo permanecerán vigentes «aquellas que respondan a un bien superior».
Las normas autonómicas serán revisadas en las 35 conferencias sectoriales que serán convocadas en los próximos tres meses.
De Guindos ha subrayado que es un proceso continuo en el que se han establecido fechas: «Queremos que a mediados del año que viene, en el ámbito de la normativa estatal, haya habido un proceso profundo e intenso de simplificación administrativa, y posteriormente, a través de la cooperación con las comunidades autónomas y las conferencias sectoriales, llevar a cabo un proceso de simplificación de la normativa que limita el crecimiento potencial de la economía española».